Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Golpe seco, directo y a la cabeza. El gobierno de Américo se dispone a echar abajo por lo menos 46 licencias de aspirantes y notarios otorgadas por la mafia del cabecismo en los estertores del sexenio.

Ya chupó faros el primero, Alfredo Treviño Salinas, de Río Bravo, y le sigue una larga lista de “influyentes” en que aparece Blanca Isela Pérez Ramírez, esposa del “Moyo” García Aguiar, pastor panista de la 65 legislatura.

Fue un agandalle no perfecto, aunque a la mala. Los panistas trataron de pagar favores de campaña, “retiros” e “indemnizaciones” repartiendo licencias como volantes ¿acaso al mejor postor?. Piensa mal y le atinas, como dicen.

No esperaban que el gobierno de Américo y en concreto el secretario General, Héctor Villegas González, investigaría el tema para corregir ilegalidades. El golpe a la vil corrupción está dado.

Decíamos en colaboraciones anteriores que Cabeza de Vaca, Gerardo Peña y otros prominentes del panismo, antes de irse, agarraron del gobierno hasta la “morralla”, que son las notarías ¿también las placas de sitio y transporte?. Vivieron en la corrupción y se fueron nadando en ella.

La punta de la madeja la expone la jefa de Notarías del Gobierno, Guillermina Reynoso Ochoa, en el Periódico Oficial del Estado del uno de noviembre, cuando resume sobre el análisis para favorecer a los fedatarios:

 “En este tenor y vistas las constancias que integran los expedientes formados a cada una de las personas que se enuncian, hago de su conocimiento que resulta procedente la anulación de todos y cada uno de los fíats de notario público”. Hablaba de 28.

Van por “paquetes”, por partes, aunque todos notarios patito. No presentaron los exámenes que señala la Ley del Notariado. Ni el intento hicieron para aparentar una evaluación falsificando actas de examen

No pagaron los derechos, que no son cualquier cosa sino alrededor de 50 mil pesos, por aspirante, que debieron entrar a la secretaría de Finanzas.

Para que no quede lugar a dudas sobre el favoritismo a los “amigos”, el área respectiva solicitó información al Colegio de Notarios de Tamaulipas, presidido por  Patricia Delgado Lerma y más antes por Benito Pimentel Rivas, quienes contestaron que “no asistieron” a ningún examen de evaluación de los aludidos.

Todo un fraude, tráfico de influencias ¿qué otros delitos? En que el gobierno de la 4T dará parte –ya dio- a la Fiscalía de Justicia pidiendo sea investigado el ex secretario General de Gobierno, Gerardo Peña Flores y los aparentes beneficiados.

Peñita tiene fuero  como diputado federal. Lo pueden esperar a que termine el trienio en 2024 ¿lo va a proteger el superfiscal Irving Barrios? Ya quisiera salvar su pellejo.

¿Que delitos se pueden configurar?: “Cohecho, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y delitos cometidos en el ejercicio de funciones judiciales o administrativas”, según el dictamen.

Cada uno de los “patitos” serán llamados a cuentas. En automático perdieron los fíats que se disponían a usufructuar.

Siguiendo con los malos pensamientos, en cuanto al pago de derechos, los futuros fedatarios fueron “centaveados” desde la General de Gobierno o bien se les vendió a precio de ganga el fíat o “pase” de aspirantes. Todo puede suceder.

¿Quiénes van en la lista de “patitos” y “patitas”? Para comenzar Abelardo Perales Huerta, hijo del Asesor Jurídico de Cabeza de Vaca, Abelardo Perales Meléndez, la mano negra detrás del cochinero jurídico que hizo la bancada del PAN desde el Congreso del Estado.

Aparte, Abelardo Jr. no tenía derecho a una notaría por ser funcionario del Gobierno en el área de Seguridad Pública.

La listas incluye a Víctor Manuel Sáenz Martínez, primer Jefe de la Oficina del Gobernador Francisco Javier, de quien la vox populi dice que salieron peleados a mentadas, lo que no fue motivo para no darle su “indemnización” con una notaría.

Va Zulema Flores Peña, ex dirigente del CDE del PRI, que desde los primeros meses del cabecismo se puso a los pies del grupo azul.

Está Alfonso Guadalupe Torres Carrillo, siempre al servicio del PAN y con efímeros pasos por el Ietam, Trieltam y Congreso del Estado. Hoy puede ser procesado por conseguir ilegalmente licencia de fedatario.

Muchos alcanzaron el fíat, otros como aspirantes para desempeñarse como adscritos.

Abundan los Juniors, hijos de magistrados del Tribunal de Justicia; de otros notarios, de ex funcionarios del Gobierno y de organismos autónomos que querían garantizar -¿acaso compraron?- ingresos de por vida.

En los próximos pueden caer al botellón varios abogados.

Y a un mes de iniciado su gobierno, la empresa Electoralia dice que Américo Villarreal arrancó con el pie derecho, con una aprobación general ciudadana del 66 por ciento. La del Presidente López Obrador anda en el 61.

El 50 por ciento tiene una opinión “muy buena” y otro 23 de “buena”, lo cual suma el 73 por ciento contra seis de mala y once de muy mala.

Entre opiniones de un arranque de gobierno, intenso, bueno y regular, el porcentaje suma un 84 por ciento. El 56 está de acuerdo en la conformación del gabinete.

Ahí tiene que todavía no aparece la convocatoria, no se sabe si habrá elección extraordinaria, y Don Jaime Moreno Garza, de Morena, ya demandó al TRIFE ser tomado en cuenta como candidato a sustituir a Faustino López Vargas en el Senado. Alega “derecho de prelación”.