AGENCIAS.

El Congreso del Estado inició la procedencia de un juicio político en contra de una juez del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien es señalada en diversas irregularidades en la administración de la justicia.

           La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción solicitó el desafuero al probarse que la juez Ana María “N” del distrito tercero en Matamoros incurrió en actos de corrupción.

         Debido a que los diputados Humberto Prieto, Guillermina Deándar Robinson, Juan Ovidio García, Gabriela  Regalado, y Edgar Melhem Salinas integrantes de la Comisión Instructora desconocen el expediente de más de 500 fojas, se acordó  disponer del tiempo suficiente para su estudio, por lo cual no se emitió un dictamen.

         Tampoco se fijo una fecha para cuando se habrá de reunir nuevamente la Comisión Instructora, que por primera vez en la historia de Tamaulipas, inicia un juicio de estas características.

         La solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción fue presentada por un ciudadano quien denunció que la juez Ana María “N” incurrió en ejercicio indebido de funciones, falsificación de documentos

         Desde el pasado mes de enero, un ciudadano presento ante la Consejo de la Judicatura de Tamaulipas una queja en contra de una juez, por incurrir en diversas irregularidades, a la vez que solicitó al Congreso del Estado un juicio político en contra de dicha servidora pública.

La 64ª. Legislatura dio entrada a la queja del ciudadano, pero no le dio curso.

          Fue ahora que en la 65ª. Legislatura dio a conocer que se encontraba ese expediente sin resolver en la Comisión Instructora.

           En el juicio de procedencia la parte señalada tendrá la oportunidad de presentar sus alegatos y pruebas, en tanto que la parte acusadora podrá presentar más elementos de prueba.

         Se sabe que la juez acusada cuenta con un amparo de la justicia federal.

          El diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Comisión Instructora, aseguró que por la naturaleza del caso, están obligados a mantener el caso en secreto, a fin de no violentar el debido proceso en el juicio político.